El I+D concedido aúna dos objetivos: investigar sobre un aspecto central de la situación jurídica actual y de las reformas procesales que lo singularizan, como es la relación "seguridad jurídica- eficacia de la justicia"; y consolidar tanto el grupo de investigación como la línea desarrollada en lo que serian quince años de trabajo consecutivos.
La hipótesis de partida plantea los riesgos de una justicia más eficaz basada en la aceleración de los procesos, o en mecanismos que conducen a hacerlo de más difícil acceso, a abandonarlo o a excluirlo en relación con la seguridad jurídica que aquél contribuye a garantizar. Esta tendencia tiene lugar en el marco del proceso civil y del proceso penal, así como en las diversas legislaciones de nuestro entorno geográfico y cultural: Unión Europea e Iberoamérica. En el proceso penal a través de incrementar desorbitadamente el ámbito de aplicación del principio de oportunidad, así como por la incidencia de la legislación comunitaria y protección a las víctimas del delito. En el proceso civil, mediante una batería de reformas: ley de tasas judiciales, ampliación de los poderes del secretario judicial o de los procuradores, jurisdicción voluntaria, desahucios y otros proyectos. A las que se unen otras en el ámbito europeo. Ambos, civil y penal, presentan actualmente una gran oportunidad de contraste con Iberoamérica, que habiendo incorporado nuevos modelos, permite analizar los éxitos y fracasos resultantes.
El objetivo propuesto es dar respuesta a si salvaguardar el acceso a la justicia preserva a su vez la legalidad y con ella la seguridad jurídica, de manera que toda fuerza contraria debe contar con argumentos de potencia semejante para ser adoptados sin merma de valores superiores. Hay que reflexionar sobre si la búsqueda de una legítima solución de los problemas de la justicia (sobrecarga, lentitud) no corre el riesgo de un retroceso histórico de las garantías del Estado, reclamando plantearse la aplicación al ámbito de la justicia del modelo del "Estado Garante".
